España y su circo de los horrores

La lentitud de la mano que mece la justicia en España se vuelve especialmente agónica en el caso de las estafas colectivas y se hace más evidente, si cabe, al compararse con la velocidad que se resuelven los procesos judiciales en otros países. Para que podamos llevar la cuenta, aquí queda resumido nuestro particular circo de los horrores, un auténtico Guernica del siglo XXI.

El escándalo de las Preferentes

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 La comercialización masiva de participaciones preferentes entre los pequeños ahorradores españoles ha provocado que miles de nosotros hayamos visto atrapados nuestros ahorros en plena crisis. Los bancos han solucionado sus problemas mediante acciones canjeables sin fecha de devolución. Al comenzar a extenderse entre los preferentistas cuá era la verdadera naturaleza de estos “productos financieros” los bancos y cajas se escudaron en que eran inversiones de riesgo, a pesar de que el perfil de los inversores eran personas mayores, sufridores trabajadores que habían ahorrado pequeñas cantidades para complementar sus pensiones. Gente con libretas de ahorros a los que privaron de su liquidez, bloqueando sus cuentas con fechas infinitas. 750.000 españoles por un total de 15.000 millones de euros. Una jugarreta de la banca privada que en cualquier otro país del mundo hubiera terminado en manos de la fiscalía y con la restitución total a los afectados pero no así en España.

Pero la situación es más difícil todavía para las ex cajas de ahorros, y especialmente para las nacionalizadas. Bruselas exige que, a cambio de la ayuda pública que ha sido financiada con fondos europeos, los preferentistas se hagan cargo de parte del rescate. Es decir, que no se les puede devolver el importe íntegro de sus ahorros, sino que tienen que asumir quitas. Bankia, la más grande entre las entidades nacionalizadas, es también el banco con más preferentes en circulación entre los pequeños ahorradores. Así que el Gobierno ha decidido poner en marcha un arbitraje, para evitar que los clientes que compraron este producto sin haber sido correctamente informados sobre sus riesgos tengan que pagar los platos rotos.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya ha dado el vía libre al arbitraje, que comenzará en abril y será llevado por el Instituto Nacional de Consumo y consultoras externas, ya que las preferentes de Bankia están distribuidas por todaEspaña. En otros casos, como en el arbitraje de NGC Banco, el proceso ha estado en manos de las oficinas regionales de Consumo, ya que los clientes estaban concentrados en determinadas comunidades autonómicas. Los preferentistas que tienen posibilidad de ganar el arbitraje son los que puedan demostrar que han sido engañados a la hora de comprar el producto. Aunque los criterios aún no han sido definidos de forma oficial, se aplicarán los mismos que han valido, por ejemplo, en las excajas gallegas. Así, se tendrá en cuenta el historial inversor del cliente: si nunca en su vida había comprado un producto de riesgo, ni tiene un historial financiero complejo, tiene más probabilidades de que su petición sea aceptada.

En principio, quedarán excluidos del arbitraje todos aquellos que tengan familiares directos que trabajan en Bankia, además de los mismos empleados. En todo caso, el demandante tendrá que demostrar que, pese a haber firmado un documento en el que sí está escrito que podría perder su capital, no era consciente de lo que estaba adquiriendo. El arbitraje, que ayudará a evitar que algunos pocos ahorradores pierdan su dinero, podría provocar que Bankia se vea obligada a pedir nuevas ayudas públicas si el monto a devolver fuera muy elevado. Unas ayudas que volveremos a pagar entre todos.

Forum filatélico y AFINSA

2008051340afectadosEra una empresa que en el año 2002 Rodrigo Rato, ministro de economía, recomendó publicamente para que la gente invirtiera y López Aguilar daba 2 años después el master de oro en empresas, siendo en realidad una estafa. Se dedicaba a revalorizar activos a través de unos supuestos sellos que no existían. Un total de 500.000 estafados llegando a sumar un total de 4.000 millones de euros. Las víctimas no han recuperado nada, mientras los organizadores están libres y viviendo en chalés disfrutando de lo afanado de manera impune.

Ahora, miles de afectados por los fraudes de Fórum Filatélico y AFINSA protestan a las puertas de los juzgados día sí, día también y mientras concluye la investigación sobre los directivos, los administradores han dejado un agujero en la empresa de 1.900 millones de euros. El juicio civil de Fórum Filatélico ha quedado visto para sentencia y establecerá la culpabilidad o no del concurso de la sociedad iniciado en 2006 y la responsabilidad de sus máximos gestores casi nueve años después de que fuera intervenido por orden de la Audiencia Nacional.

La vista de calificación del concurso de la filatélica ha concluido en una sola jornada después de que varias de las defensas renunciaran a las declaraciones del expresidente de Fórum Francisco Briones y del economista administrador concursal Antonio Moreno. El juez madrileño Santiago Senent, ha rechazado suspender la vista o aplazarla hasta que se diluciden las responsabilidades penales de los acusados en la causa paralela que se investiga en la Audiencia Nacional, como le habían reclamado.

El valor de los sellos era irreal. También han declarado los peritos judiciales nombrados por la Audiencia Nacional, Roberto Boulandier y Hortensia Álvarez, que han ratificado el informe que entregaron al entonces instructor del caso, Baltasar Garzón, en el que ponían de manifiesto cómo la sociedad, en liquidación desde 2010, había inflado el precio real de sus sellos. Así, y siguiendo un criterio “puramente filatélico” y en función de los catálogos para minoristas de firmas independientes como Yvert&Tellier y Edifil, han rebajado los más de 4.000 millones en los que Fórum valoró sus sellos en apenas 400 millones. “Era imposible que el mercado de la filatelia absorbiera el volumen de los sellos que Fórum comercializaba”, ha resaltado Boulandier, que ha detallado que el valor de las estampillas viene marcado por su tirada y su estado de conservación, de forma que cuanto más pequeña y mejor conservada, mayor será su precio.

En este sentido, los sellos de Fórum eran de “calidad estándar y normales”, pues a partir de 1956 se realizaban en tiradas mayores y con los mismos materiales y tinturas. Por el contrario, el perito propuesto por Fórum Adolfo López ha defendido las cuentas formuladas por el equipo de Briones al considerar que se hicieron siguiendo la normativa mercantil, puesto que su actividad era de este ámbito y no financiera, tal y como señalaron el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2007 y 2008. Por ello, ha recalcado que “nadie cuestionó la continuidad de Fórum”, puesto que a 31 de diciembre de 2005 presentaba un superávit de 337 millones. La administración concursal eleva el agujero hasta los 2.800 millones y defiende que la opción de recompra de los sellos “era cierta desde el minuto uno”, lo que la convertiría en un contrato financiero de préstamo, en realidad era algo opcional para los clientes. Sin embargo, a preguntas del abogado del Estado, ha reconocido que Fórum obtenía el dinero que necesitaba para ejercer las recompras de los sellos de los nuevos clientes, sin los que la sociedad no hubiera podido afrontar esos pagos.

Previamente, la que fuera responsable de control de calidad, María Cabezón, ha explicado que a su departamento llegaba desde el de presidencia todo el material filatélico que proporcionaban los proveedores. Allí se separaban los sellos defectuosos, que aunque “válidos” no superaban “la calidad exigida por Fórum”, y los que pasaban finalmente el control de calidad eran trasladados al departamento de distribución, mientras que el resto se conservaba en una caja fuerte para evitar que, si se devolvían a los proveedores, éstos pudieran venderlos a terceros o subastarlos. Desde primera hora de la mañana, cientos de perjudicados por la estafa de Fórum se han congregado en las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla para pedir justicia y reclamar al Gobierno que “cumpla sus promesas” y “compense a los afectados” como ha ocurrido en otros casos, como en el de las preferentes.

Afectados por la Talidomida

JUICIO TALIDOMIDA. MALFORMACIONES. AFECTADOSA finales de los 60 un laboratorio alemán lanzó al mercado un producto para aliviar las náuseas y los vómitos a las embarazadas, descubriéndose más tarde que aquellas mujeres que lo utilizaron daban a luz hijos con malformaciones en el tronco, las piernas y los brazos. No se descubrió hasta 2 décadas después y de los afectados en España, unos 3.000 españoles, ya solo quedan unos 1.500 que han sido abandonados por la audiencia nacional que ha anulado la indemnización a los afectados después de 25 años de lucha alegando que el delito ha prescrito.

Todos los alemanes, franceses, belgas han cobrado. Todos en Europa menos nuestros afectados. Sin embargo La Audiencia ha anulado la indemnización a los afectados por la talidomida a pesar de que la farmacéutica alemana fue condenada a pagar 20.000 euros a cada uno de los afectados por cada punto porcentual de minusvalía que les haya reconocido la Administración. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado este martes el pago por parte de la farmacéutica Grünenthal de una indemnización a los afectados de la talidomida que reclamaron 204 millones de euros por las malformaciones que les causó ese medicamento.

De esta forma, el tribunal ha revocado la condena que el pasado mes de noviembre la juez de Primera Instancia número 90 de Madrid, Gemma Susana Fernández Díaz, impuso a la farmacéutica Grünenthal al estimar parcialmente la demanda presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite). La farmacéutica alemana fue condenada a pagar 20.000 euros a cada uno de los afectados por cada punto porcentual de minusvalía que les haya reconocido la Administración, pero recurrió la sentencia, lo que ha sido aceptado por la Audiencia. La farmacéutica Grünenthal ha afirmado que ya existen medios «específicos y eficaces» para que todos los afectados por la talidomida puedan beneficiarse de ayudas económicas.

Por su parte, el laboratorio ha hecho público un comunicado tras recibir la notificación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que anula el pago de indemnizaciones a afectados por la talidomida al considerar prescrito el caso por el tiempo transcurrido. Las víctimas de la talidomida en España se sienten «machacadas» por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que anula el pago de una indemnización a los afectados que reclamaron 204 millones de euros por las malformaciones que les causó ese medicamento. El presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), José Riquelme, ha señalado que los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, han machacado a los afectados por este fármaco.

Lo que se ha hecho contra estas personas es un crimen contra la humanidad. Y este tipo de delitos no deberían de prescribir. La fiscalía, el Defensor del Pueblo y los colectivos sociales tiene que moverse en favor de estas personas y acudir a los tribunales internacionales aunque España quede, una vez más, en evidencia.

Especial Desahucios

DESAHUCIOS--644x362Desde el inicio de la crisis se han registrado en España más de 500.000 ejecuciones hipotecarias y una gran parte ha acabado en desahucio. Este drama, que afecta a miles de familias y que se ha visto intensificado por la escalada que está protagonizando el desempleo, se ha situado en el centro del debate de la opinión pública. Y no sólo en España. Las instituciones de la Unión Europea también han mostrado su preocupación por la evolución de un problema que ha creado un creciente malestar social en nuestro país y que ha obligado al Gobierno y a la oposición a dar pasos hacia delante para mitigar uno de los efectos más trágicos de la crisis.

El pasado 12 de febrero, el PP se ha visto obligado a cambiar el sentido de su voto y respaldar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios, apoyada por más de 1,4 millones de firmas, cuyo objetivo es paralizar los desahucios, impulsar la creación de un parque ‘universal’ de viviendas sociales y promover la dación en pago de la vivienda a cambio de saldar la totalidad de la deuda con la entidad financiera.

La proliferación de suicidios de personas desahuciadas llevó a PP y PSOE incluso a anunciar un pacto para tramitar de urgencia la iniciativa, que en los últimos días ha recibido un nuevo y, si cabe, más relevante impulso de manos del Tribunal de Justicia de la UE, que en una sentencia hecha pública el pasado 14 de marzo dictaminaba que la legislación española vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección suficiente a los ciudadanos frente a hipotecas con cláusulas abusivas, instando al Ejecutivo de Rajoy a adecuar la ley al fallo europeo, proceso que Bruselas “vigilará muy de cerca”.

El Gobierno ha subrayado en repetidas ocasiones que modificará la normativa hipotecaria española para dar cumplimiento a la sentencia europea, uno de cuyos aspectos más relevantes es que abre la puerta a la paralización de los procesos de desahucio por los jueces mientras se determina si se han aplicado cláusulas abusivas en las hipotecas. Pese a la creciente presión popular para que el Ejecutivo adopte medidas que mitiguen el drama de los desahucios, éste sigue advirtiendo que no será fácil generalizar fórmulas como la dación en pago, que podría poner en cuestión las garantías hipotecarias y dificultar el acceso futuro de las familias a los créditos hipotecarios. El problema lleva tiempo encima de la mesa y, sin duda, seguirá estándolo durante las próximas semanas y meses.

El caso BANKIA

Rato-crea-una-sociedad-con-conexiones-en-paraisos-fiscales--un-ano-despues-de-ser-imputado-por-el-caso-Bankia Bankia es básicamente la unión de Caja Madrid y Bancaja. Dos cajas arruinadas por las tropelías políticas de españolas durante la burbuja. De hecho, el 80% de todos los préstamos que había dió Bancaja estuvierno ligados al ladrillo. Préstamos a promotores, constructores o hipotecas. Cuando se fusionaron, pensaron que creando cajas más grandes podían solucionarse mayores problemas pero a pesar de que muchos empleados pagaron la fusión de las cajas con el despido o a prejuvilación, los miembros de las juntas directivas y sus respectivos sueldos se mantuvieron por duplicado. Quizás para evitar que algunos de ellos se fueran de la lengua.

Aun así la fusión les permitió poder pedir dinero prestado al Estado, un total de  4.500 millones por el que teníano que pagar un interés altísimo. Mientras tanto el gobierno empezó a aprobar cambios para obligar a los bancos a aumentar sus provisiones. Las provisiones es dinero que separas para prepararte para un gasto o un imprevisto futuro. Lo que pasa es que las provisiones las tienes que sacar de tus ingresos y Bankia no tenía suficientes ingresos para compensar tantos gastos y provisionar todo lo que le estaba pidiendo el Gobierno.

La exigencia de dichas altas provisiones muestra que todos sabíanq que la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar y los solares y edificios que les habían  dejado a los constructores no iban a mantener su valor ya que no podrían seguir pagando los créditos, Si por cada 100 euros el valor de los bienes inmobiliarios caís a 60, entonces esos 40 euros de diferencia quedarían reflejados como pérdidas para el banco y sus accionistas. Bankia debía prepararse para hacerle frente a esta situación o hundirse. Fue entonces cuando salieron a bolsa. Cuando se dieron cuenta de que necesitaban más dinero comenzaron a emitir acciones de bolsa.

Aun así los resultados en bolsa no fueron buenos y de los 4.500 millones que esperaban recaudar se tuvo que conformar con 3.000. Pero Bankia necesitaba ese dinero para cumplir con las obligaciones de provisiones que había aprobado el Gobierno. Claro ¿quién iba a comprar acciones de un banco que tenía tantos problemas? los directivos del banco sabían eso. Al principio cuando se fusionaron Caja Madrid y Bancaja no tenían nombre. Bankia salió más tarde. Lo que hicieron es dividir el banco en dos: un banco malo que se quedada con todos los préstamos malos del ladrillo y en los que nadie quería invertir y un banco bueno, con el negocio bueno de la entidad.

El primero se llamó BFA y el segundo, el bueno, Bankia. Pues fue el bueno el que se sacó a bolsa, se vendió un poco menos de la mitad. Y ahora el Gobierno es el dueño de Bankia. Sí, de la mitad, porque la otra mitad está en bolsa. Pero el Gobierno es el dueño de todo BFA que a su vez, es el dueño de la mitad de Bankia. No podía pagar más el crédito y le dio las llaves del banco al Gobierno para saldar el préstamo. Pero ahora dicen que no son 4.500 millones, sino 31.000 millones.

Porque el Gobierno ha aprobado otra reforma financiera que exige provisiones también para los préstamos que en principio eran buenos ya que piensa que serán tóxicos en el futuro por el recrudecimiento de la crisis en España. Así que con esas nuevas exigencias y otras cosas pendientes, los nuevos gestores han cifrado en 31.000 millones el dinero que necesitan para las nuevas provisiones y que por supuesto no tienen.

Y ya no es un préstamo, es dinero del Estado y lo hemos puesto todos nosotros y si no se puede hacer frente a las previsiones es dinero que vamos a perder. Ahora toda la esperanza está puesta en los nuevos directivos y en que  saquen a flote a la entidad en equis años, cuando se vuelva a privatizar Bankia, se recuperen esos 31.000 millones de euros. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues de nuestros fondos públicos de la seguridad social, nuestro dinero para rescatar a los bancos, el FROB. Y aún así no hay bastante para cubrir lo que ha pedido Bankia.

Así que se ha optado por hacerlo no sólo con fondos públicos, sino también con deuda pública, que es un poco lo mismo, y que supone que el país se tienen que endeudar más de lo previsto. mientras,  la Banca Española da por perdidos esos 31.000 millones de euros de las ayudas a Bankia.

La Asociación de Banca Española reconoce que de los 125.000 millones de euros de ayudas que han recibido las entidades españolas, 31.000 millones no se van a recuperar. Ese dinero procede del Fondo de Garantía de Depósito y del FROB. Y no sólo Bankia ha dispuesto de nuestro dinero, también Banco de Valencia, Bankia, Novacaixagalicia y Caixa Catalunya han sido los principales perceptores. El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, estima que la contribución del sector bancario al coste de las ayudas públicas destinadas en su mayoría a reestructurar las cajas de ahorros alcanza los 20.189 millones de euros, mientras que las ayudas totales al sector han ascendido a 75.352 millones de euros, que no se corresponderían en su totalidad con pérdidas.

Esta aportación se distribuye entre las pérdidas materializadas a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, nutrido por las entidades financieras, la solución para dar liquidez a través de este órgano a los instrumentos híbridos de la banca nacionalizada que no cotiza y los fondos propios destinados a la Sareb. “Es absurdo que no se reconozca el esfuerzo de la banca”, ha afirmado. A esta suma habría que añadir la contribución vía ayudas adicionales comprometidas, con Esquemas de Protección de Activos con pérdidas máximas de 18.384 millones y pérdidas esperadas de 7.583 millones. En concreto, los bancos han asumido 7.548 millones de pérdidas materializadas, más unas esperadas de 3.434 millones, lo que supone un total de 10.982 millones, esto es, la mitad de las pérdidas del sector. El lunes, el FROB anunció la venta de Catalunya Banc a BBVA. Con esta operación, la salida del Estado de las entidades nacionalizadas deja hasta la fecha un reguero de 31.000 millones de euros en ayudas irrecuperables.

El Gobierno confía en que la desinversión en Bankia y BMN permita rescatar más de los 24.069 millones comprometidos en ambas entidades y mejorar de alguna manera un saldo hoy insatisfactorio cuando se evalúa desde la óptica del bolsillo del contribuyente. Apenas se ha recuperado el 3% de lo aportado y van seis entidades o grupo de antiguas cajas subastadas: Catalunya Banc, Novagalicia -con Evo Banco y Banco Gallego, adjudicadas en procesos independientes-, la CAM, CCM, Unnim y Banco Valencia. Para sofocar la mayor crisis bancaria que se recuerda, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado 61.495 millones de forma directa en capital desde 2009. Pero el auxilio no se quedó ahí. La cantidad excede los 62.100 millones cuando se agrega el coste probable de garantías que ha tenido que expedir el organismo para evitar que Unicaja diese al traste con la fusión de Caja España-Duero y para asegurar el éxito de la venta de Novagalicia y Catalunya Banc.

Entre las tres espera un impacto adicional de 628 millones por los blindajes ofrecidos al comprador frente a eventuales pérdidas en litigios con las preferentes, rupturas de acuerdos en bancaseguros o con la Sareb. La factura es incluso superior y se va a 70.000 millones de euros si se añaden los 7.888 millones en pérdidas esperadas en carteras protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), si bien este último tramo correría a cargo de la banca y no el Erario público.

Y frente a ese esfuerzo continuo, ¿qué reversión se ha producido? De apenas el 3% de lo comprometido. Solo Caixabank ha devuelto íntegros los 977 millones otorgados a la absorbida Banca Cívica en ayudas. Banesco comprometió 1.003 millones por Novagalicia y BBVA hasta 1.187 millones por Catalunya Banc, pero cuando se depuran los avales que han acompañado las operaciones, el saldo final para el Estado empequeñece. El mejor resultado de una desinversión se ha anotado en Bankia, también la benefactora del mayor talón de ayudas con 22.400 millones. La colocación en bolsa del 7,5% de su capital -el Estado controla todavía un 60,9%- aportó 1.304 millones, aunque el importe aún no ha ido a la caja del FROB y continúa en el balance de su matriz BFA, totalmente de propiedad pública. Casi ocho de cada diez euros aportados para resolver las crisis de las cajas se han dilapidado en el reflotamiento de Catalunya Banc y Novagalicia, cuyos cimientos se construyeron en su día con fusiones instadas por los gobiernos regionales para evitar que cayesen bajo la órbita de entidades de otro territorio; y en la CAM, cuya gestión calificó como “lo peor de lo peor” el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Ordóñez.

El mayor quebranto queda en Catalunya Banc, con pérdidas irrecuperables de 11.722 millones, aún así el desembolso de BBVA es positivo. Ha sido, sin embargo, el mayor desafío, porque su subasta se frustró en las dos ocasiones anteriores y el Frob ha tenido que escindir y vender al margen una cartera hipotecaria para asegura el éxito de la operación. En Novagalicia se pierden 8.249 millones, y en la CAM otros 5.249 millones -excluye el blindaje del Fondo de Garantía a una cartera dañada de crédito-. El FROB da por descontado la recuperación de los 2.176 millones aportados a Liberbank, Caja3 y BMN, y salir bien de Bankia. Para no incurrir en pérdidas en BFA-Bankia debe vender la participación por, al menos, 21.120 millones.

Las tarjetas black

black En mayo de 2012 y en sustitución de Rodrigo Rato, José Ignacio Goirigolzarri como presidente de Bankia, encargó a su llegada una auditoría de la entidad tras la intervención y rescate de ésta que ha supuesto una inyección de más de 22.000 millones por parte del Estado. La auditoría encargada por Bankia puso de manifiesto el uso de tarjetas de créditos entregadas a los directivos de Caja Madrid entre 2003 y 2012 “fuera de los circuitos ordinarios”. Además, el informe revela que estas tarjetas se crearon en 1994 y que constan movimientos desde 1999, si bien el informe solo detalla su entrega a 65 consejeros y una veintena de directivos entre 2003 y 2012. En total, 86 altos cargos recibieron las tarjetas entre 2003 y 2010. Pincha aquí para acceder al listado completo de beneficiarios y sus gastos totales. P ¿Por qué no eran tarjetas de representación? El presidente del sindicato de los técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha explicado a Europa Press que las tarjetas de crédito que se otorgaron a altos cargos de Caja Madrid no estaban destinadas a gastos de representación ya que sus titulares no tenían obligación de justificar cada gasto, sino que más bien eran complementos al sueldo por los que no tributaban a Hacienda. Es decir, si fueran tarjetas de representación, los trabajadores usarían las tarjetas, pero tendrían que pedir facturas para demostrar que el pago supone ese gasto de representación y para que la empresa disponga de toda la información y se pueda deducir los gastos, explica Europa Press.

El Juez tendrá que derminar si sus usuarios eran conscientes de la irregularidad. Un exconsejero de la caja de ahorros ha señalado a Cinco Días que “los ejecutivos de Caja Madrid con tarjeta éramos conscientes de que el dinero no tributaba y que no era para gastos de representación. Era similar a recibir sobres. De hecho, teníamos dos tarjetas, la propia para gastos de representación, que teníamos que justificar con sus correspondientes recibos o tiques, y la B”

El detalle completo de los gastos de las tarjetas da una idea de los gastos que se realizaban con ellas. Desde viajes de ocio, restaurantes, boutiques de lujo, clubs y discotecas, marisquerías, tallas religiosas, librerías… hasta gastos menores como llamadas desde cabinas telefónicas o billetes de metro. También se registran numerosas retiradas de efectivo de cajeros automáticos.

Se calcula que la factura final, aunque no se conoce con exactitud, puede superar los 15,5 millones de euros en el periodo analizado, desde 2003 hasta 2010. El fin de este privilegio para los altos cargos fue eliminado por el actual presidente de la entidad rescatada, que ha recibido ayudas públicas por 22.200 millones para evitar la quiebra, eliminó la retribución a traves de esas tarjetas en cuanto tuvo conocimiento de ella y entregó la auditoría al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el máximo accionista de Bankia con el 60,9%. Una vez que el FROB recibió el informe de auditoría, se lo envió a la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora mismo el caso está bajo la investigación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que es quien tiene sobre la mesa otro caso de mayor calado, el conocido como ‘caso Bankia’, que investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad. Por ello, Andreu ha decidido abrir pieza separada por el tema de las tarjetas opacas, que se suma a otra pieza separada abierta por la comercialización y venta de las preferentes.

Por el momento, Andreu ha llamado a declarar como imputados a Miguel Blesa, presidente de la entidad entre 1996 y 2009, a Rodrigo Rato (máximo jefe de Caja Madrid desde enero de 2010 y desde diciembre de ese año y hasta mayo de 2012 de Bankia) y a Ildefonso Sánchez Barcoj (director general de Caja Madrid) por el escándalo de las tarjetas ‘B’. Por su parte, el viernes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, explicó que la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción se encuentra en una “fase de análisis y recepción de documentación” y señaló que “en estos momentos en muy prematuro poder establecer cualquier tipo de calificación de los hechos”

Muy pocos de los 86 beneficiarios ha devuelto el dinero que gastó con estas tarjetas. Bankia requirió a los beneficiarios la devolución de los importes detectados. Cuatro personas implicadas lo hicieron a comienzos de julio, si bien solo entregaron el montante correspondiente a la etapa en que Caja Madrid era ya Bankia. Fueron Rodrigo Rato, que presidió ambas entidades (54.837 euros); José Manuel Fernández Norniella, adjunto a la presidencia de Bankia y vicepresidente de Caja Madrid (9.700 euros); Matías Amat, director general de Caja Madrid (42.043 euros) e Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector financiero de Bankia, que ocupó varios puestos directivos en Caja Madrid (90.879 euros). Barcoj, no obstante, encabeza el gasto total acumulado (484.200 euros) y es quien gestionó el uso de estas tarjetas durante años

La Agencia Tributaria ha anunciado que investigará a los 86 consejeros o directivos de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas B para conocer la operativa y hacer un seguimiento de los ingresos que lograron presuntamente de forma irregular. El objetivo es investigar no solo las responsabilidades tributarias de Caja Madrid como entidad financiera, sino también de las personas físicas que se aprovecharon de estos ingresos. Además, esta investigación podría ampliarse a las empresas del Ibex 35.

La hepatitis C y el Sovaldi PABLO IGLESIAS VISITA A ENFERMOS DE HEPATITIS C EN EL 12 DE OCTUBRE El pasado fin de semana tuvo lugar en España una macro manifestación convocada por los enfermos de hepatitis C, a los que el Gobierno está negando la prescripción de Sovaldi, el medicamento que podría salvarles la vida. Desde el ministerio que lidera el recién estrenado Alfonso Alonso en sustitución de Ana Mato no se ha aportado aún ninguna explicación convincente que justifique la negativa a prestar un derecho tan esencial –en este caso de vida o muerte- como es el suministro de un medicamento. Niega que se trate de una cuestión de coste, que ronda los 25.000 euros (el tratamiento de 12 semanas), pero todas las sospechas se dirigen a esa causa y, de hecho, el Gobierno ha comenzado hoy mismo a manejar el argumentario de que sólo la Sanidad de Luxemburgo, Bélgica y España financian Sovaldi.

En el caso español, lo financiará (oficialmente desde el 1 de noviembre), pero no llega a los enfermos. El aparente desinterés del Gobierno por los enfermos de hepatitis C llega a tal extremo que a estas alturas ni siquiera tiene una base de datos en la que al menos consten todos los enfermos diagnosticados; recordemos que se trata de una enfermedad asintomática que sólo da la cara en el estadio más avanzado. Todavía es más grave considerando que buena parte de los enfermos se contagiaron en el Sistema Nacional de Salud (SNS) –la misma que ahora les niega la cura-, cuando no se realizaban los controles pertinentes en la sangre utilizada en trasfusiones.

Y a pesar de no saber cuántos enfermos hay en toda España lo que sí sabe la cartera de Alonso es que el impacto neto durante el primer año de comercialización de Sovaldi para el SNS será de 125 millones de euros. Imagino que hacen los cálculos con la misma fórmula con la que el Gobierno decía que privatizar la Sanidad era más barato que mantenerla pública. Sea como fuere, ¿por qué cuesta tanto Sovaldi? Habría que comenzar por quién está detrás: los laboratorios Gilead Sciences, que básicamente se dedican a comerciar con la salud –o con la muerte, según el punto de vista-. Gilead Sciences, compuesto fondos de inversión y pensiones fundamentalmente, tira de talonario para comprar empresas o patentes y enriquecerse. Con Solvadi lo hizo en 2012 y ha conseguido sacar una rentabilidad sinigual, multiplicando por 100 su coste real, puesto que el coste de producir el medicamento, la pastilla de los 1.000 dólares como la han bautizado en EEUU, no alcanza ni los 10 dólares.

Entre otras muchas cosas, la dramática situación por la que atraviesan los enfermos de hepatitis C evidencia, una vez más, un fracaso de la Unión Europea (UE). Bruselas ha sido incapaz de aunar fuerzas para tratar con la farmacéutica y, de últimas y rindiéndose a su usura, al menos negociar un precio conjunto para todos los enfermos de la UE, lo que sin duda habría abaratado el coste. Probablemente, ni siquiera se ha puesto encima de la mesa esta opción. ¿Y saben por qué? Porque ello habría ido en contra de los intereses comerciales de los laboratorios, de los fondos de inversión cuyos brazos se extienden por los más oscuros recovecos.

Si la UE velara realmente por sus ciudadanos y no por los intereses de las élites económicas, organizaría proyectos como el exitoso Proyecto Genoma Humano (PGH). Aquella iniciativa de investigación que arrancó en EEUU fue una prueba de cómo la colaboración y el conocimiento libre son mucho más valiosos y enriquecedores que las patentes privadas. A los datos me remito: entre 1988 y 2012, los proyectos de secuenciación del genoma humano, la investigación y la actividad industrial asociadas, tanto directa como indirecta, generaron un impacto económico de 965.000 millones de dólares. No sólo eso, se crearon más de 4,3 millones de empleos al año.

Incluso si miráramos el proyecto con ojos de recaudador, veríamos que en un solo año, 2012, por ejemplo, se recuperó con creces en impuestos toda inversión realizada durante 13 años (3.900 millones de dólares en impuestos federales y otros 2.100 millones de dólares en impuestos estatales y locales). Con estos datos en la mano, ¿por qué no montar iniciativas similares en materias como la investigación de vacunas y medicamentos en lugar de dejarlo en manos de los grandes laboratorios? Pues bien, la UE, lejos de articular iniciativas de esta naturaleza, se ha propuesto acabar con cualquier posibilidad de replicar esta experiencia. Antes del próximo verano aprobará la Directiva Europea de Secretos Comerciales, cuyo primer borrador data de finales de 2013.

El ‘argumento de venta’ desde Bruselas es crear un marco que ataje las acciones que frenen la innovación –el problema es que ésta sólo recae en el sector privado. La definición de “secreto comercial” que maneja el borrador es tan amplia que prácticamente excluye todo del interés público, hasta el punto de que si un periodista publica datos facilitados por una de sus fuentes puede ser demandado. Digamos que es una directiva redactada a la medida de las grandes multinacionales, que no sólo aplauden sino que impulsan la medida, del mismo modo que hacen con el TTIP, que menoscabará nuestra soberanía nacional. La Directiva europea no protege la información, sino que la oculta, impide su difusión libre y el beneficio generalizado que ésta procura; lo que debería ser una excepción, como es el secreto, pasa a generalizarse y estar blindado. Tremendo error.

Todos los mandatarios europeos que ayer se manifestaban en París en favor de la libertad de expresión, con esta inminente directiva irán precisamente en contra de ella, coartando el derecho de información y su intercambio y, en último extremo, dejando la innovación en manos de buitres carroñeros al acecho de víctimas, como sucede con Sovaldi.

Amnistia fiscal

montoro_getty_261112El PP frena la investigación y la publicidad de la amnistía fiscal Los populares votan solos en contra de que se publique la lista de defraudadores También rechazan que se cree una comisión de investigación y la reprobación de Montoro Hacienda halla en Suiza 20.000 millones de euros de capital español Ni comisión de investigación, ni publicación de la lista de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y, mucho menos, reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El PP se ha empleado a fondo en el Congreso para frenar todas las iniciativas de la oposición sobre la amnistía o regularización fiscal y las actividades del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Primero en la Junta de Portavoces el PP frenó en solitario la iniciativa del PSOE para que se cree una comisión de investigación como se ha hecho, a instancias de los populares, en el Parlamento de Cataluña tras conocerse que Jordi Pujol se acogió a la amnistía fiscal.

El PP también bloqueó la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta del caso en el pleno del Congreso. más información El PP frena la comisión de investigación sobre la amnistía fiscal Tres amnistías fiscales con distinta magnitud El PP frenará la petición del PSOE de publicar la lista de amnistiados Sánchez: “La amnistía fiscal es una pasarela para los amigos del PP” Casi a la misma hora, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, aseguraba en el Congreso que los datos que maneja el Gobierno son “la repera patatera”. Pero ninguno de ellos se conocerá. Luego en el pleno solo los votos del PP impidieron que se haga pública la lista de defraudadores. Únicamente CiU se abstuvo en este punto porque está a favor de que se hagan públicos los nombres, pero considera oportunista la iniciativa del PSOE y, además, cree que sería preciso cambiar antes la Ley General Tributaria.

La reprobación de Montoro sí fue votada a favor por todos los grupos, frente al PP. Fue planteada inicialmente por el PSOE por la filtración a un asesor del ministro del informe de la Agencia Tributaria al juez Pablo Ruz por el caso Gürtel y por las actividades del despacho que fundó Montoro y sus relaciones con la administración. “Ante los múltiples escándalos en Hacienda y la nula reacción del Gobierno, este Parlamento no puede mirar hacia otro lado”, aseguró el socialista Pedro Saura. Entiende el PSOE que la Ley General Tributaria permite que se remita a una comisión de investigación la “lista de la vergüenza”. Pero el diputado del PP Antonio Gallego aseguró que la ley impide la publicación y descalificó por “falsedad, trampa e incoherencia” la iniciativa del PSOE. Para Pedro Azpiazu (PNV) “hace tiempo que tenía que haber dimitido todo el Gobierno”. Montoro no estuvo presente en el pleno.

La polémica base legal Los socialistas entienden que hay base legal para que el Congreso pueda conocer los datos de la amnistía o regularización fiscal. Citan el artículo 95 de la Ley General Tributaria: “Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido”. Por contra, el Gobierno considera que no hay base legal porque esa comisión de investigación no sería secreta y el apartado 3 de ese artículo explica que “la Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados.

Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará falta disciplinaria muy grave”. Explica el PP que hacer públicos los datos de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 supondría una aplicación retroactiva de la norma que les permitió regularizar su capital. Pero para el PSOE las únicas normas que nunca pueden ser retroactivas son las penales, y este no es el caso.

Defraudadores de impuestos, la lista Falciani

lista-falcianiHacienda rechaza publicar la ‘lista Falciani’ de defraudadores. El ministro Cristóbal Montoro, se resiste a hacer públicos los nombres de los defraudadores. El Gobierno ha rechazado en el Congreso dar a conocer la llamada ‘lista Falciani’, que recoge nombres de titulares españoles de cuentas suizas no declaradas, y justifica su negativa apelando a la Ley General Tributaria que, precisamente, Hacienda prometió reformar hace más de un año. Fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en diciembre de 2012 prometió una modificación en la normativa tributaria para poder publicar una lista de los mayores defraudadores y morosos del país, como ya hacen otros países de la Unión Europea. Según dijo entonces en el Senado, el Gobierno estaba estudiando la precisión de “parámetros objetivos” para configurar el listado, que iba a identificar a los mayores defraudadores o morosos con independencia de su actividad económica y condición, ya fueran personas físicas o jurídicas. Esa lista nunca salió a la luz y la adaptación de la legislación tributaria ha quedado pospuesta a la prometida reforma fiscal donde se pretende bajar los tipos de IRPF, que se espera presentar antes del verano.

Tampoco se dio a conocer la relación de defraudadores en Suiza que aportó el informático Hervé Falciani, que Montoro también prometió sacar publicar en cuanto se cambiará la Ley General Tributaria. En ese contexto, los portavoces de Podemos y UPyD, Pablo Iglesias y Rosa Díez, exigen a Hacienda cumplir su promesa de sacar a la luz la lista Falciani y en su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno vuelve a escudarse en la misma Ley General Tributaria que prometió cambiar hace ya 2 años. “De acuerdo con el artículo 95 de la Ley General Tributaria, no es posible la difusión a terceros de los datos, informes o antecedentes, obtenidos por la administración tributaria más que en los concretos supuestos que la citada norma prevé. Este precepto sigue vigente en todos sus extremos”, reconoce.

Conclusión

La conclusión ante semejante descalabro es sencilla, estamos en un momento de emergencia nacional y necesitamos convocar un nuevo proceso constituyente cuanto antes, formar de nuevo las instituciones, crear un nuevo sistema de justicia y encarcelar a tantos como podamos. A nivel personal, cuando me entero de todas éstas tropelías, trato de recordar al Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, víctima del Holocausto Nazi, y el poema que dedicó a mi ciudad, Sevilla.

“Deteneos, hombres y mujeres que pasáis. Deteneos y escuchad. Escuchad la voz de Sevilla, voz herida y melodiosa, la de su memoria, que es también la vuestra, es judía y cristiana, musulmana y laica, joven y antigua. La humanidad entera en sus sobresaltos de luz y sombras, se recoge en esa voz para extraer del pasado fundamentos de esperanza. Aquí como en otros sitios, se amaba y se odiaba por razones oscuras y sin razón alguna. Se hacían rogativas por el sol y por la lluvia. Se interpretaba la vida dando muerte, se creía ser fuerte por perseguir a los débiles, se afirmaba el honor de Dios, pero también la deshonra de los hombres. Aquí como en otros sitios, la tolerancia se impone, y lo sabéis bien vosotros, hombres y mujeres que escucháis esta voz de Sevilla. Sabéis bien que, cara al destino que os es común, nada os separa”

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